Texto de Amaya Asiaín
A veces tengo la sensación de que el cambio climático depende de si tiro las botellas al contenedor correspondiente, o no. Me supera tanta responsabilidad. Me crea demasiada ansiedad porque sospecho que algún día se me escurrirá el brik con los residuos orgánicos y será la hecatombe.
Otras parece que el remedio radica en que se queden de acuerdo todos los países del mundo, sin excepción. Y si no, otro desastre. Es cierto que en los dos extremos se encuentra parte de la solución, pero tiene que existir un término medio. No puede ser o una coalición mundial o mi pobre persona. Se pasa de lo global a lo individual. Tiene que haber algo (organismo, ente, institución, administración…) entre medias, que contribuya a frenar la alteración del clima.
Ésta es precisamente la observación que han planteado las cinco asociaciones ecologistas más importantes de España de cara a las próximas elecciones autonómicas. El momento es oportuno porque en la mayoría de los temas relacionados con el medio ambiente (agricultura, urbanismo, gestión del agua y de los residuos…) las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias, o gran parte de ellas. Greenpeace, Seo/Birdlife, Ecologistas en Acción, WWF/Adena y Amigos de la Tierra han unido esfuerzos en «Un Programa por la Tierra. Propuestas de futuro sostenible para las elecciones autonómicas», en el que todas las pistas apuntan a que el debate ambiental, en la práctica, está fuera del debate político.
Uno de los temas más candentes y que más ha movilizado a los ciudadanos en los últimos meses es el urbanismo, que se ha convertido en la principal actividad transformadora del paisaje. Ya no es sólo que se hayan destapado negocios ilícitos a cuenta del ladrillo, sino que las urbanizaciones en los lugares más tranquilos e insospechados, en primera línea de playa y en rincones ricos en biodiversidad, se encuentran sin problemas.
¿Quién puede establecer si estas construcciones son viables desde un punto de vista ambiental? Los ayuntamientos proponen los planes urbanísticos y las comunidades autónomas los aprueban. Aquí no tenemos nada que ver los sujetos, ni los pactos mundiales.
La movilidad sostenible a través de planes de fomento de medios no motorizados, el incremento de la producción con energías renovables en las propias comunidades autónomas, o finalizar la designación de espacios de la Red Natura 2000 y las Zonas de Especial Conservación antes de tres años, son sólo algunas de las materias en las que podemos «exigir» un compromiso a la administración autonómica porque están dentro de sus competencias. Así podremos repartirnos las soluciones y centrarnos en cumplir nuestro compromiso diario y personal.
